Golpe a la Federación Mexicana de Fútbol porque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno los multó con 42.8 millones de pesos por violaciones a la protección de datos personales con el sistema Fan ID, que es utlizado para que los aficionados puedan entrar a los estadios.

En un comunicado se detalla las dos infracciones que cometió la Federación Mexicana de Futbol (FMF) durante la recopilación de datos personales para el Fan ID.

1. No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles.

La FMF recababa fotografías de los aficionados para generar el «FAN ID», pero no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles. Esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.

2. No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles.

Para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, es decir, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento. La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable,  que era el titular quien otorgaba su consentimiento.

¿Por qué los mutlan con 42.8 millones de pesos?

El monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo a su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024. Es importante remarcar que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.

Como ocurre con cualquier resolución administrativa, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa previstos en nuestro sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente. En caso de que ello ocurra, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, por haber sido emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.